Mina Cerro Blanco de Guatemala contaminaría el Lago de Güija y el Río Lempa

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La mina, que iniciará operaciones a cielo abierto en 2022, está en Asunción Mita, Guatemala, a 10 kilómetros de la frontera salvadoreña. Los metales contaminantes que la mina deposita en el río Ostúa desembocan en el Lago de Guija, el cual alimenta al Lempa.

La extracción de oro y plata en la mina Cerro Blanco, en Guatemala, pone en riesgo el abastecimiento de agua potable para más de 1.5 millones de salvadoreños que se abastecen del río Lempa, así como de la población que vive en las riveras del Lago de Güija, en Santa Ana.

Miguel Araujo, presidente de la fundación SalvaNATURA, advierte que la explotación abierta de la mina en Asunción Mita, la cual está ubicada a menos de 10 kilómetros de El Salvador, causará graves daños, debido a que esta verterá grandes cantidades de arsénico y mercurio que se extenderán hacia la recién inaugurada Planta Potabilizadora de Las Pavas, ubicada en San Pablo Tacachico, en La Libertad.

“La mina fue comprada por la empresa canadiense Bluestone e hicieron un estudio de factibilidad, que lo están terminando, y donde vieron un gran potencial de extracción de oro y plata; pero a costa de una operación de 11 años que nos dañaría la principal fuente de agua, que es el río Lempa. El lago de Güija es el cuerpo de agua más grande que alimenta al Lempa”, indicó Araujo.

Aseguró que el riesgo de contaminación es muy alto y comentó que hasta la fecha desconoce el estudio de factibilidad que indica las cantidades de químicos de arsénico y mercurio que llegarán al agua.

“(Explotación)es algo que está a la vuelta de la esquina y como mínimo debería de gestionarse una medida preventiva”, advirtió Araujo, pues Bluestone prevé iniciar operaciones en firme en 2022.

Según comentó el exministro de Medio Ambiente, la explotación en Cerro Blanco inició hace 15 años. Desde entonces la extracción ha sido moderada, con tecnología de túneles, sin embargo siempre explotaron la mina con pequeñas cantidades de arsénico y mercurio que han contaminado Güija.

Araujo comentó que Güija fue declarado sitio Ramsar el 16 de diciembre de 2010, y el cual es considerado así por el convenio de humedales, por ser área de paso de aves migratorias y por su relevancia de contener ecosistemas que están en peligro de extinción, como el Bosque Seco Tropical, donde habitan especies como la Lora Nuca Amarilla.

También el Complejo del Lago de Güija es parte de la Reserva de la Biósfera Trifinio Fraternidad declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y forma parte del Corredor Seco Centroamericano y Corazón del Triángulo Norte de Centroamérica.

Araujo aseguró que la explotación de Cerro Blanco es una inversión billonaria que va en contra de la Cumbre del Clima y la Triple Emergencia Roja que ha declarado Naciones Unidas; aseguró que podría incluso afectar la planta potabilizadora de Las Pavas, ubicada al norte de La Libertad, la cual ocupa las aguas del Lempa.

Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), expresó a la radio YSUCA que debe haber un diálogo por parte del gobierno de El Salvador con su par de Guatemala, para frenar la explotación minera.

“Es necesario estar más renuentes o ser más proactivos en este Estado salvadoreño, considerando que somos los más afectados”, dijo González.

Conexión diplomática
“Hemos convocado una reunión de emergencia con la canciller y otras partes del equipo para seguir los procedimientos oficiosos de poder convencer al país vecino, que sus mantos acuíferos y los mantos acuíferos compartidos del Plan Trifinio (serán afectados), pero hay que seguir los procedimientos. Este es el momento adecuado para levantar la voz y apretar las gestiones diplomáticas y llegar a consultar instancias como Corte Interamericana de Derechos Humanos”, manifestó Araujo.

Araujo indicó que El Salvador debe exigir la publicación del estudio del impacto de la minería del Cerro Blanco y tener un equipo de expertos independientes con calidad técnica, “para que orienten y eviten que el pulgarcito de América termine de ser un país más vulnerable para nuestra población. Es algo serio y conviene levantar la alerta y que El Salvador sea apadrinado por instituciones de alto prestigio, que se evite un abuso y tengamos que declarar un río de Lempa muerto, con las cantidades de metales pesados que se van a utilizar”, señaló.

La explotación minera afecta la seguridad alimentaria, agricultura, calidad del agua y la salud, según el estudio de El Impacto de la mina Transfronteriza Cerro Blanco en el Agua y la Salud para El Salvador, publicado en 2019 por la Mesa Nacional frente a la Minería.

San Salvador, Lago de guija, 9 de diciembre de 2020. Un grupo de organizaciones se unieron para realizar una inspección al lago de guija y al lago de metapan para observar el nivel de contaminación del cuerpo azul. El lugar presenta muchos desechos plasticos por lo que los organizadores del evento se unieron y recogieron una parte de toda la basura del lugar. Foto EDH/ Francisco Rubio

Mientras que estudios del experto en minería Robert Robinson, en 2013, indicaron que el arsénico está presente en Cerro Blanco en concentraciones que exceden los estándares para la salud. En las descargas de agua geotermal que hasta el momento la empresa ha lanzado por diferentes quebradas, hay niveles de arsénico de hasta de 143.13 ppm (miligramos por litro), superando normas internacionales de calidad para la vida acuática y de las personas.

Según denuncias de organizaciones ambientales, en el año 2007, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM) otorgó un permiso de explotación por 25 años de forma irregular, violentando las normas de derecho administrativo de Guatemala y poniendo en riesgo la salud de comunidades en Guatemala y El Salvador.

Sin embargo, un informe de Desarrollo Sostenible 2020 de la empresa BlueStone, en su sitio web, destaca que el proyecto cuenta con las licencias y permisos ambientales de las autoridades de Guatemala, e indican que poseen licencia forestal y que desarrollan muestras de agua en 12 puntos, en la cual participan miembros de la comunidad local y asesores técnicos independientes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.