José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch: “El objetivo es frenar las protestas contra Bukele”

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“Una prohibición desproporcionada y generalizada, y por ello,violatoria de estándares de Derechos Humanos”. Así calificó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador de disposiciones especiales para suspender la realización de concentraciones y eventos públicos y privados.

Con 63 votos, provenientes de Nuevas Ideas y sus partidos aliados en la asamblea, el oficialismo aprobó una normativa presentada apenas tres días después de una nueva marcha masiva en contra de las políticas del gobierno de Nayib Bukele. Entre las estipulaciones de la ley está la facultad de la Fiscalía General de la República para perseguir penalmente a las personas que convoquen, promuevan u organicen concentraciones.

El oficialismo defendió la medida, aprobada con dispensa de trámite, sin ninguna discusión en comisión ni basada en ningún estudio ni recomendación de funcionario alguno, al señalar que la idea es regular que la gente siga las medidas de bioseguridad. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro (NI), y la vicepresidenta Suecy Callejas (NI) aseguraron que la población puede seguir marchando pero siguiendo las medidas.

Sin embargo, el oficialismo no explicó porqué necesitan facultar a la FGR para perseguir penalmente a las personas que organicen, promuevan o convoquen a concentraciones; así como tampoco el porqué autorizaron a la PNC a prohibir el ingreso de personas a estas manifestaciones o, inclusive, de disolverlas.

Ante toda esa ambigüedad de parte del oficialismo, Vivanco reaccionó y consideró que el verdadero objetivo de la normativa es detener las marchas en contra de Bukele, quien ha pasado por diferentes etapas antes estas: primero se burlaba de ellos, luego las minimizaba y el pasado domingo se enfrascó en imponer la narrativa que la misma había sido un fracaso, pese a lo masivo de su convocatoria.

“Ayer (miércoles) la Asamblea aprobó una norma que, con la excusa de la pandemia, prohíbe las protestas. Se trata de una prohibición desproporcionada y generalizada y, por ello, violatoria de estándares de DDHH. Evidentemente el objetivo es frenar las protestas contra Bukele”, posteó Vivanco en su cuenta de Twitter.