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#El15Marchamos El día que hasta los Jueces protestaron junto al pueblo, rechazando la Ley Bitcoin y el autoritarismo


El Salvador amaneció el 7 de septiembre con el bitcoin como nueva moneda de curso legal obligatorio y con el reciente pase libre para la reelección y consolidación de una nueva dictadura en manos del presidente Nayib Bukele gracias a los abogados que usurpan la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Pero el país también despertó con una multitudinaria protesta contra la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin, las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que destituyen automáticamente a los servidores judiciales mayores de 60 años o con 30 años de servicio y la reelección presidencial continua.

Tanto la Ley Bitcoin como el decreto que jubila obligatoriamente a los empleados judiciales fueron aprobados con dispensa de trámite, al estilo de la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, que ha dejado en el olvido el debate parlamentario. Siguiendo órdenes del Ejecutivo, la Sala impuesta también emitió un documento que va en contra de al menos cuatro artículos de la Constitución de la República que prohíben la reelección presidencial.

En la mañana del 7 de septiembre hubo dos marchas organizadas por sectores diferentes, una de jueces contra la intromisión del Ejecutivo y su Asamblea en la independencia judicial y la otra en contra de la Ley Bitcoin. Ambas se encontraron, coincidentemente, frente a las instalaciones de la Asamblea Legislativa para entregar piezas de correspondencia en las que exigían la reconsideración o derogación de las decisiones. La marcha protagonizada por los jueces salió desde la Plaza Divino Salvador del Mundo y la de organizaciones civiles en contra de Ley Bitcoin salió desde la Plaza Morazán.

El irrespeto que hace el Ejecutivo a la legislación en el país es tal que el presidente Bukele anunció que su Gobierno compró 400 bitcoins antes de la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin que él mismo confeccionó con sus hermanos, a un precio de alrededor de $28.4 millones de los recursos públicos que no estaban destinados para ello. El criptoactivo es tan volátil que su valor fue disminuyendo el 7 de septiembre, tanto que el país perdió en un solo día $2.4 millones. El uso de la aplicación móvil “Chivo Wallet” tampoco resultó como se esperaba: a pesar de que anunció que podría usarse a partir de las 00:00 horas, hasta la publicación de esta nota los usuarios no podía descargarla o meter sus datos. 

“Este día entró en vigencia la libertad financiera (…) Porque por años excluyeron a más del 70 % de la población del sistema financiero y hacia ella va dirigida (…) Esa población que ha venido a manifestarse no suman ni 30 personas, y 20 eran fotógrafos”, mintió la diputada de Nuevas Ideas Dania González, durante la sesión plenaria. Mientras tanto, la población protestaba.

“El pueblo no tiene la capacidad de jugar e invertir. Ese es un tema de millonarios que están acostumbrados a jugar y, ahora, hacer del país un casino”, expresó un vendedor de pan que aprovechó la marcha para ofrecer su pan. Su venta iba rotulada con el símbolo contra la Ley Bitcoin.

Aunque el miedo dominó a los operadores del sistema judicial después del golpe de Estado el 1 de mayo, cuando ocurrió la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República; este 7 de septiembre los jueces y magistrados salieron a las calles para manifestar su descontento con la invasión al Órgano Judicial y la concentración del poder.

Al final del día, después de dificultades que enfrentaron los jueces y organizaciones civiles para introducir la pieza de correspondencia para derogar la Ley Bitcoin y para las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, la Asamblea Legislativa las rechazó en la sesión plenaria.

“¡Fuera corruptos de la Sala de lo Constitucional! Son operadores de Casa Presidencial, desde donde hacen los dictados. Nosotros los jueces nos oponemos a eso. Anteriormente nos hemos callado por miedo, es natural. Pero ahora, en las calles, le decimos al Gobierno que no estamos de acuerdo con la dictadura, que vamos a defender la Constitución, que vamos a defender la democracia y que vamos a defender la República. El país no quiere dictadura. El poder debe ser distribuido entre los tres Órganos fundamentales independientes”, protestó un juez, respaldado por cientos que salieron a marchar con la Constitución de El Salvador en sus manos, este 7 de septiembre. La Sala impuesta de Bukele forzó las palabras de al menos cuatro artículos de la Constitución que prohiben la reelección presidencial continua en El Salvador. Foto/Emerson Flores.

Jueces y magistrados mayores de 60 años y con más de 30 años de servicio salieron a las calles a protestar por la estabilidad, la independencia y la dignidad judicial. La Asamblea Legislativa reformó la Ley de la Carrera Judicial con la excusa de “depurar” a jueces corruptos; sin embargo, no hay ninguna medida para combatir la corrupción. Foto/Emerson Flores

El juez Jorge Guzmán, quien está a cargo del caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, también salió a protestar contra la jubilación obligatoria de servidores judiciales. Óscar López Jérez, presidente impuesto de la Corte, aseguró recientemente que no sería conveniente para el país que el juez Guzmán sea destituido. Ante esas palabras, el juez Guzmán dijo a GatoEncerrado que: “Eso significa estar en un régimen de disponibilidad, que contempla el articulo 4 de las reformas, a lo cual yo no estaría de acuerdo. Únicamente estaría dispuesto a seguir en el cargo si se restituye toda la institucionalidad del Órgano Judicial y nuestra dignidad como jueces”. Especialistas han explicado a esta revista que el régimen de disponibilidad significa que los jueces deben someterse a las condiciones e instrucciones de las autoridades impuestas por decisión de Bukele y su Asamblea. Foto/Emerson Flores.

Junto a jueces, magistrados y empleados del Órgano Judicial marchó, el segundo a la izquierda, el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional Sidney Blanco. “Estamos cayendo en una dictadura. La resolución emitida por la Sala (que permite la reelección presidencial) no tiene fundamentos. Es una comedia de resolución. Contraría expresamente las disposiciones constitucionales de cinco o seis artículos de la Constitución, que todas conducen a prohibir la reelección presidencial. Esto fue totalmente inesperado. Nunca creímos que el presidente se iba a atrever”, dijo Blanco a GatoEncerrado. Foto/Karen Moreno.

Las recientes violaciones a la Constitución por parte del gobierno de Bukele no son nuevas. Durante la cuarentena domiciliar obligatoria para evitar la propagación de la COVID-19, el presidente se negó a cumplir reiteradamente las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que ordenó al gobierno abstenerse de emitir decretos ejecutivos e invadir las funciones de la anterior Asamblea Legislativa. Más tarde, Bukele descabezó la Sala e impuso abogados a su medida. La reciente aprobación de reformas a la Ley de la Carrera Judicial también viola la Constitución porque los cambios administrativos del sistema judicial corresponden a la Corte, no a la Asamblea Legislativa, según expertos consultados por esta revista. Foto/Emerson Flores

Existe un consenso entre economistas que consideran que entre los riesgos de la implementación obligatoria del bitcoin como moneda de curso legal están que el país se convierta en un paraíso para el lavado de dinero o un paraíso fiscal. De hecho, Carolina Recinos, actual jefa de gabinete del gobierno de Bukele, incurrió en corrupción significativa al hacer uso indebido de fondos públicos para su beneficio personal y también “participó en un importante esquema de lavado de dinero”, según señaló el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la Lista Engels. Foto/Emerson Flores.

Los que asistieron a la marcha se manifestaron incluso con tweets que publicó el padre del presidente Bukele, Armando Bukele, quien se oponía al “continuismo” y al golpe de Estado. Actualmente, esa cuenta de Twitter ya no está disponible. Foto/Emerson Flores

Frente a la implementación obligatoria del bitcoin, que ha sido promocionada por el gobierno de Bukele como una medida innovadora, la violenta realidad se impone con miles de personas desaparecidas en el país. Esta revista ha dado seguimiento a la impunidad de las víctimas de desaparición que convierte en detectives a las familias salvadoreñas, ante un Estado que las ignora y las olvida. A la fecha, las víctimas de desaparición hasta agosto 2021 ya superan el total de 2020 y solo 14 personas han sido condenadas desde que se reconoció el delito en diciembre de 2019 a la fecha, según datos gestionados por GatoEncerrado a la Fiscalía General de la República. Foto/Emerson Flores.

Veteranos de guerra también se manifestaron contra la Ley Bitcoin y el golpe de Estado ocurrido el 1 de mayo. Expresaron su desacuerdo contra la invitación de Bukele a 20 mil jóvenes para enlistarse en la Fuerza Armada, y pidieron inversión en educación en su lugar. Aprovecharon para exigir una pensión por su servicio durante la guerra civil.

“Quiero hacer un llamado a las nuevas generaciones cobardes y que hoy en día se manifiestan solamente en redes sociales. Piensan que publicando en Instagram una imagen van a solucionar todo. Debemos salir a las calles, tomarlas y exigir nuestros derechos”, dijo a GatoEncerrado Lady Drag Queen.

A la marcha asistieron más de 2 mil personas, para manifestarse contra la implementación de la Ley Bitcoin y para exigir la restitución del Estado de Derecho en el país. El diputado de Nuevas Ideas, Carlos H. Bruch, publicó un video en su cuenta de Twitter cuando finalizó la manifestación, en el que aseguró que no hubo una marcha multitudinaria. Foto/Emerson Flores

Así recibió la Asamblea Legislativa a los jueces y magistrados de la República, con barricadas de alambre razor y con agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), algunos de ellos incluso tomaron fotos a los manifestantes. Los servidores judiciales y los manifestantes contra la Ley Bitcoin tuvieron que caminar hacia otra de las entradas del Palacio Legislativo para presentar las piezas de correspondencia. Foto/Emerson Flores.

Participantes de la marcha en contra del uso obligatorio de Bitcoin quemaron llantas en las cercanías de la Corte Suprema de Justicia. Foto/Emerson Flores.

Un manifestante alza la bandera de El Salvador sobre la barricada colocada por miembros de la UMO. Foto/Emerson Flores.

La marcha en contra de las reformas a la carrera judicial concluyó frente a la Asamblea Legislativa. Miembros de la UMO aguardaban a quienes participaron en la manifestación pacífica contra las decisiones que ha tomado la bancada del partido oficialista durante las últimas semanas y sobre la Ley Bitcoin que entró en vigencia el día 7 de septiembre. Foto/Emerson Flores.

Con información de: Gato Encerrado

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