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Posibles sanciones internacionales para El Salvador a causa del bitcóin


Posibles sanciones internacionales para El Salvador a causa del bitcóin

Un estudio de la Universidad Johns Hopkins dedicada a la investigación en Estados Unidos arrojó que El Salvador podría enfrentar sanciones tras la entrada en vigor de la “Ley de Bitcóin” en septiembre.

Luego de su aprobación en la Asamblea Legislativa, la criptomoneda se podrá usar “en cualquier transacción y cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar”, dice la nueva ley.  Esto convierte al bitcóin en un activo de curso legal en El Salvador a partir de septiembre, lo que traería como resultado repercusiones en el sistema monetario internacional y graves sanciones al país, según revela el estudio denominado “Ley Bitcóin de El Salvador destinada a quedar atrapada en la web reguladora del GAFI” de la Universidad de Hopkins.

El documento de investigación se basó en las regulaciones establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos. Está integrado por 39 países, entre los que figuran Estados Unidos, México y países de la Unión Europea.

Dicho estudio, liderado por el economista estadounidense Steve Hanke, menciona como conclusiones que con la implementación de este procedimiento “probablemente resultará en sanciones” y expuso que hay mucha probabilidad que los salvadoreños “queden atrapados en la red de regulaciones del GAFI”.

El documento establece que existen irregularidades en el tipo de cambio entre el bitcóin y el dólar, que es la moneda de curso en El Salvador. Además, su uso será establecido libremente por el mercado y todo precio podrá ser expresado en bitcóin, generando de esta manera una transición acelerada y sin estudio previo.  

En igual medida, con el uso del bitcóin, el país podría tener problemas en el manejo de la información, dudas con respecto al origen de los fondos y receptores de fondos sin conocimiento del emisor. El documento señala anticipadamente una confusión sobre la posible inexactitud de información  con respecto a diferentes transacciones u origen de los fondos.

Por otro lado, el estudio advierte que, al utilizar la nueva modalidad que impulsa el Gobierno de El Salvador (GOES), tanto las instituciones financieras, bancos, empresas y comercios que operan en el país centroamericano “incumplirán” con al menos 27 de los 58 indicadores que se requieren para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La advertencia más importante, según el estudio, es que además de enfrentar dificultades con los indicadores, como consecuencia lógica, El Salvador podría caer en la lista gris o negra que elabora la misma instancia internacional. En dicha lista figuran varios países sancionados entre los que se encuentran Honduras, Nicaragua y Panamá. 

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